Miembros del crimen organizado serán tipificados como terroristas

La Presidenta Xiomara Castro dictó una serie de medidas contra la violencia y el crimen organizado entre las que sobresalen calificar como terrorismo las acciones delictivas de maras y pandillas y la intervención de los municipios con mayor índice de homicidios.

La mandataria ordenó estas medidas en Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) y luego las anunció en una cadena de radio y televisión, la noche de viernes pasado.

Otra de las medidas a tomar es construir un Centro de Reclusión de Emergencia (CRE) con capacidad para 20 mil privados de libertad en la zona despoblada entre los departamentos de Olancho y Gracias a Dios e instruyó la captura inmediata de líderes de maras, pandillas, narcos y extraditables (se adjunta listado).

Asimismo, ordenó intensificar los operativos para erradicar las plantaciones de coca y marihuana.

Al mismo tiempo, anunció iniciar, la próxima semana, el proceso de licitación para la construcción del penal en las Islas del Cisne (Caribe hondureño).

Y reformar el Código Penal para calificar como terroristas a aquellos dedicados a actos ligados al crimen organizado.

“COLABORACIÓN EFICAZ”

Las medidas de la presidenta incluyen también someter a aprobación del Congreso Nacional la Ley para Control de Tarjetas Chip y Aprobación de la Ley de Colaboración Eficaz. Igualmente, reformar el Código Penal para garantizar la vida de jueces y fiscales.

Dentro de las enmiendas se incluye la Ley del Banco Central de Honduras (BCH) para coordinar el uso del dinero electrónico.

La Corte Suprema de Justicia deberá establecer los mecanismos necesarios para autorizar el uso del brazalete electrónico u otros medios técnicos para la custodia de procesados que no sean del crimen organizado, en el caso de adultos mayores, personas con enfermedades terminales o viviendo con alguna discapacidad.

En la reunión del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad con la Presidenta Xiomara Castro, participaron los titulares del Congreso Nacional, Luis Redondo; la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Ráquel Obando y del Ministerio Público (MP), Johel Zelaya.

Estos dos últimos se han comprometido presentar este lunes 17 de junio el número de jueces y fiscales necesarios para ejecutar el llamado “Plan de Solución contra el Crimen”. (EG)

Acciones radicales del Plan de Solución contra el Crimen
1. La Secretaría de Estado en los Despachos de Seguridad, la Secretaría de Estado en el Despacho de Defensa, Fuerzas Armadas y Policía Militar del Orden Público, PMOP, de forma inmediata deben planificar y ejecutar intervenciones con carácter de urgencia en todos los municipios del país identificados con mayor incidencia en crímenes de sicariato, narcotráfico, extorsión, secuestro, tráfico de armas, asociación ilícita y el lavado de activos relacionados con estos delitos, que son cometidos por maras, pandillas y bandas del crimen organizado.
2. En virtud de esta situación de emergencia declarada en materia de seguridad, se ordena construir de inmediato un Centro de Reclusión de Emergencia (CRE) con capacidad para 20 mil privados de libertad en la zona despoblada entre los departamentos de Olancho y Gracias a Dios, acondicionando los espacios físicos necesarios propiedad del Estado de Honduras con el mismo fin. Los privados de libertad actualmente confinados en el sistema penitenciario nacional, procesados por los crímenes anteriormente señalados en esta resolución serán trasladados de inmediato a este Centro de Reclusión de Emergencia (CRE).
3. Se ordena la captura inmediata de autores intelectuales identificados, líderes y miembros de maras, pandillas, estructuras criminales, narcotraficantes y extraditables (se acompaña el listado). Asimismo, establecer el control y recuperar el orden en los espacios físicos tomados por estructuras criminales en colonias y barrios en las zonas que representan mayor incidencia criminal.
4. Intensificar la investigación y los operativos para la ubicación, erradicación, aseguramiento, destrucción de plantaciones de hoja de coca, marihuana y centros de procesamiento de drogas y sustancias prohibidas.
5. Islas del Cisne. Contando con la respectiva licencia de Impacto Ambiental la Junta Interventora del Sistema Penitenciario Nacional deberá iniciar en un plazo máximo de dos semanas el proceso de licitación, adjudicación y construcción de este Centro de Reclusión Penitenciario.
6. El Congreso Nacional deberá reformar el Código Penal, para que las personas que pertenezcan a maras, pandillas y bandas del crimen organizado que cometan crímenes de sicariato, narcotráfico, extorsión, secuestro, tráfico de armas, asociación ilícita y el lavado de activos relacionado con estos delitos, sean calificadas como terroristas.
7. El Congreso Nacional deberá reformar el Código Procesal Penal para que la medida de prisión preventiva sea aplicada a todas las personas en proceso de juzgamiento por los delitos antes descritos, así como incorporar medida de juzgamiento colectivo para estos crímenes.
8. El Congreso Nacional someterá a aprobación en su tercer debate la Ley para el control de la venta de tarjetas SIM CARD, CHIP O ESIM y el bloqueo de las comunicaciones en los centros penitenciarios y la Ley de Colaboración Eficaz. Las empresas autorizadas que comercializan con esta tecnología en caso de negarse a cumplir esta resolución, su licencia será cancelada de forma legal.
9. El Congreso Nacional deberá reformar el Código Penal para endurecer las penas por la comisión de delitos contra la vida y la integridad física de los operadores del Sistema de Seguridad y Justicia: Policías y militares, jueces y fiscales.
10. Reformar el Acuerdo No .01-2016. del Directorio del Banco Central de Honduras, Reglamento para los Servicios de Pago y Transferencia Utilizando Dinero Electrónico, con el fin de controlar las transacciones atípicas propias del delito de extorsión y secuestro, que utilizan billeteras electrónicas.
11. La Corte Suprema de Justicia deberá establecer los mecanismos necesarios para autorizar el uso del brazalete electrónico u otros medios técnicos para la custodia de procesados sujetos a medidas impuestas por jueces y tribunales de justicia del país, que puedan sustituir los altos costos de vigilancia permanente por parte de efectivos policiales o militares, en el caso de adultos mayores, personas con enfermedades terminales o viviendo con alguna discapacidad. Este beneficio no cubre las personas procesadas por los delitos a los que se refiere esta resolución.
12. La Corte Suprema de Justicia se compromete para el día lunes 17 de junio 2024 designar el número de jueces y demás personal que soliciten la Policía Nacional, Fuerzas Armadas y Policía Militar del Orden Público para las operaciones de recuperación y control de las zonas de mayor incidencia de estos crímenes.
13. La Fiscalía General del Estado se compromete para el día lunes 17 de junio 2024 designar el número de fiscales y demás personal que soliciten la Policía Nacional, Fuerzas Armadas y Policía Militar del Orden Público para las operaciones de recuperación y control de las zonas de mayor incidencia de estos crímenes.
14. La Secretaría de Estado en los Despachos de Seguridad Publica será la responsable de coordinar en colaboración con la Secretaría de Estado en el Despacho de Defensa, las Fuerzas Armadas y Policía Militar del Orden Público la ejecución del presente Plan de Soluciones Radicales Contra el Crimen.