Redistribución de diputados sin un marco legal definido: necesidad de una reforma electoral
Por: Kelvin Aguirre
En el año 2004, se deroga mediante el Decreto 44-2004, contentivo de la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas, el Artículo 192, que indicaba: “Que el cociente nacional será el resultado de dividir el total del Censo Nacional de Población entre el número fijo de diputados propietarios. El número de diputados que corresponderán por departamento, así como miembros de las corporaciones municipales a ser electos se fijará tomando como base el último censo oficial de la población debiendo expresarse en la Convocatoria de Elecciones el número de representantes que serán elegidos por cada departamento o municipio”.
Esta reforma donde se elimina por consenso de las fuerzas políticas el supra referido artículo de la Ley Electoral, genera un vacío legal al no indicar claramente ni de forma detallada el cociente a utilizar como base, por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE), para hacer la distribución de diputados. Esto implica que no existe un marco legal definido para la aplicación del cociente, alejándose la norma jurídica del derecho positivo y, por tanto, se vuelve inaplicable.
En stricto sensu, al analizar el Artículo 202 de la Constitución, que establece que el número fijo de diputaciones es 128, y que la distribución de diputaciones se realizará con base al cociente que fije la Ley Electoral, se llega a una problemática.
Esto debido a que la actual Ley Electoral no contempla un mecanismo para calcular este cociente, dejándolo abierto y ambiguo, sin especificar, por ejemplo, si hay que utilizar el censo electoral o el censo poblacional para hacer el cálculo de la distribución departamental, haciendo imposible que se pueda acatar el mandato constitucional que lo remite actuar de conformidad a la Ley.
Asimismo, la distribución que se pueda tomar en cuenta, de manera simplista, por número de habitantes por departamentos no es necesariamente justa, porque es obvio que los polos de desarrollo irán creciendo a un ritmo más acelerado con respecto a otros departamentos, lo que también afecta la representatividad.
Más allá de que exista un vacío legal, este es un importante llamado para seguir mejorando la Ley Electoral porque para este tema se requiere una reforma a la Ley, ya que si depende directamente del CNE, los sectores que se sientan afectados esgrimirán sus armas para criticar, debilitando la credibilidad en los órganos electorales.
Para mantener la confianza y transparencia en las elecciones, siempre que aspiremos a una mayor representación de todos y todas las hondureñas, se requiere analizar de manera constante el sistema electoral y el sistema de partidos para seguir mejorando.
Por eso, lo que cabe en este caso, es que el Congreso Nacional pueda analizar la Ley Electoral y la Constitución para su enriquecimiento, cerrando la brecha entre las necesidades de la población y el sistema electoral vigente.
