Ministro de Sefin: Se ejecutaron más de L145 mil millones por medio de 82 fideicomisos corruptos

El ministro de Finanzas, Marlon Ochoa, se presentó ante el Ministerio Público a interponer denuncias por el manejo fraudulento de 82 fideicomisos, entre estos uno que manejó su compañero de gabinete, Darío García, en el Instituto de la Propiedad (IP) por fondos no liquidados que ascienden a más de tres mil millones de lempiras.

En la denuncia se involucra a funcionarios públicos y centenares de empresarios, detalló Ochoa, quien además mencionó que en los casos que denuncia se encuentran involucrados el exministro de la presidencia, Ebal Díaz, el actual ministro de Copeco, Darío García, y el exfuncionario del Tasón de Seguridad, Francisco Roberto Cosenza, extraditado y condenado en Estados Unidos.

El funcionario explicó que el oficio presentado ante la Fiscalía retrata el manejo irregular de cuatro fideicomisos que son los más conocidos por un monto de 95 mil millones de lempiras entre 2012 y 2023, que se hizo violando las normas que establece la Ley de Contratación del Estado.

Entre los cuatro casos se detallan uno del fideicomiso de la Tasa de Seguridad, otro del Instituto de la Propiedad (IP), el fideicomiso del proyecto Vida Mejor, y el cuarto relacionado con Invest-H con relación a la compra de los Hospitales Móviles.

“El exdirector del Fideicomiso de la Tasa de Seguridad Poblacional, Francisco Roberto Cosenza, ha sido extraditado hacia Estados Unidos de América, donde se ha declarado culpable por haber recibido coimas para beneficiar empresas con la adjudicación de contratos. Entre el 2012 y el 2022 este Fideicomiso ejecutó alrededor de 30 mil millones de lempiras, sin ningún control institucional y al margen de la Ley de Contratación del Estado”, mencionó el ministro Ochoa.

Al mismo tiempo “Ebal Díaz, contra quien el Ministerio Público ya ha iniciado un proceso de privación de dominio, presidió el Consejo Directivo del IP, desde donde se tomaban las decisiones sobre los recursos del Fideicomiso SITEC del IP, que ejecutó entre 2015 y 2022 alrededor de 19,000 millones de lempiras, incluyendo el corrupto proyecto de casas chatarra”.

Mencionó que “durante su gestión (refiriéndose a Ebal Díaz), se diseñó un esquema de corrupción publico privada que le permitió recaudar impuestos fuera de la Tesorería General de la República (TGR), y gastarlos sim ningún tipo de control administrativo al margen de la Ley de Contratación del Estado”.

El funcionario de Finanzas entregó un documento al Fiscal Johel Zelaya en el que expone que “la utilización del esquema de fideicomisos para la ejecución de fondos públicos administrados vía comités técnicos integrados por miembros del sector público, el Cohep y la sociedad cual, violó flagrantemente la Constitución de la República en cuanto al principio de que la Cuenta Única del Tesoro (CUT) es la única autorizada para recibir los ingresos del Estado, así como la Ley Orgánica del Presupuesto (LOP), que declara como nulos de pleno derecho los gastos realizados fuera del Presupuesto General de ingresos y Egresos de la República (PGIER).

“Bajo este corrupto esquema se ejecutaron al menos ciento cuarenta y cinco mil seiscientos noventa y ocho millones, novecientos treinta mil lempiras (L145,698,930,000 00), a través de los principales 82 fideicomisos”.

Lamenta que el pueblo fue cargado con nuevos impuestos, cuya recaudación ingresaba a las cuentas de los fideicomisos en la banca privada y pública, sin registros en la Caja Única del Tesoro (CUT), administrado sin los controles y la transparencia que manda la Constitución de la República, y asignados indiscriminadamente en contratos adjudicados a empresas y transferencias a ONGs.

Al mismo tiempo dijo que “se implementaba este esquema, durante 12 años y siete meses el régimen elevó la deuda pública de $3,200 millones a más de $20,000 millones y solo por la colocación de tres bonos soberanos por $1,800 millones en 2013, 2017 y 2020, el pueblo hondureño pagó a los bancos nacionales e internacionales, bufetes jurídicos y calificadoras de mes más de cuatrocientos setenta millones de lempiras (L.470,000,000 00) en concepto de comisiones y servicios profesionales. Un banco nacional cobro $6 MM de comisión por colocar un bono de $600 MM el 17 de junio de 2020”.

“La Presidenta Xiomara Castro ordenó rescindir y liquidar 82 fideicomisos mediante Decreto Ejecutivo en Consejo de ministros No. PCM 09 2022 del 10 de mayo de 2022; al tiempo que remitió al Congreso Nacional las iniciativas de Ley para derogar los fideicomisos que fueron aprobados en el Poder Legislativo (Decreto Legislativo No. 662022 del 15 de junio de 2022 y Decreto Legislativo no. 157-2022 del 12 de enero de 2023) ordenando a su vez a la secretaria de Finanzas (Sefin) iniciar un proceso de auditoría de carácter administrativo”, mencionó Ochoa.

Como resultado del proceso de liquidación ejecutado en el marco del Reglamento Especial de Rescisión y Liquidación de los contratos de Fideicomisos, aprobado mediante Acuerdo Ejecutivo No. 395-2022 y publicado en el diario oficial La Gaceta el 4 de agosto de 2022, la Secretaría de Finanzas (Sefin), ha encontrado los siguientes hallazgos: entre estos el Fideicomiso de la Tasa de Seguridad, administrado por representantes del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), el Foro Nacional de la Convergencia (Fonac) y un representante de la Presidencia de la República, ejecutó alrededor de treinta mil millones de lempiras (130,000,000,000 00) entre 2012 y 2022, de forma secreta, sin ningún control institucional y al margen de la Ley de Contratación del Estado”.

Asimismo, “del proceso de revisión se encontraron más de 130 contratos sobrevalorados, sin liquidación o ejecutados fuera de la naturaleza del Fideicomiso, entre los que se incluye la compra del avión presidencial, alquileres de helicópteros, la compra de 4,000 vehículos de patrullas, la compra de cámaras de seguridad y escáneres de los aeropuertos, boletos a conciertos, bebidas alcohólicas, viajes por turismo y además se pagó una tarjeta de crédito asignada al director del Fideicomiso cuyos montos totales no contamos con documentación ni liquidación, pero si está plenamente probado que el límite de uso mensual era de cincuenta mil dólares ($50,000)”.

“El Sistema Nacional de Emergencia 911, financiado también por el Fideicomiso de la Tasa de Seguridad, adjudicó un contrato de cámaras de seguridad, por más de cuatro mil millones de lempiras (L4,000,000,000.00) que trascendía dos períodos de gobierno sin ser aprobado por el Congreso Nacional”, se plasma en el documento leído por el funcionario.

“Además de los fondos provenientes de la Tasa de Seguridad, el Fideicomiso contrajo deuda hasta el año 2029 con la banca nacional a tasas de interés de hasta el 12% a la fecha de su liquidación, el Fideicomiso de la Tasa de Seguridad, que como hemos establecido estaba administrado por un Comité Técnico integrado por el Cohep, el Fonac y la Presidencia de la República, sim tener las facultades constitucionales m legales, contrajo deudas por Tres mil setecientos sesenta y seis millones novecientos noventa y cuatro mil seiscientos diecisiete lempiras con 38/100 (L13,766,994,617.38), con cinco bancos nacionales”.

“El Fideicomiso Sitec del Instituto de la Propiedad (IP), constituye el principal símbolo de corrupción publico privada dentro de esta modalidad creada por el régimen a través del Congreso Nacional para administrar los fondos públicos como si fueran hacienda particular, saqueando el erario público y violando impunemente la Constitución de la República, la Ley Orgánica del Presupuesto y la Ley de Contratación del Estado. Bajo este oprobioso mecanismo de captación de dinero publico proveniente de los impuestos de los contribuyentes, administrado a través de “comités técnicos” en el sistema financiero que suplantan las instituciones del Estado, se dilapidaron entre 2015 y 2022 alrededor de diecinueve mil millones de lempiras (L19,000,000,000 00)”.