Esperanza para los hondureños
Por: Héctor A. Martínez (Sociólogo)
Hay dos maneras de ver la política y la economía: las que describen los textos y las que ocurren en la realidad; las que se muestran en los noticieros y las que se esconden detrás de los hechos. Las apariencias, mostradas con segundas intenciones, eclipsan dos fenómenos muy ligados entre sí, y que pocos se atreven a exponer: la demagogia estatal en su máxima expresión del populismo, y el silencio cómplice del empresariado, acostumbrado a recibir las mercedes del proteccionismo estatal.
Prima en el pensamiento latinoamericano, entre legos e intelectuales, académicos y tecnócratas, políticos y comunicadores, que el rol social del Estado -y la política- es velar por los intereses de los más necesitados para evitar que caigan en la ruina total. De ahí nace el concepto y la práctica de la “justicia social”, que justifica la enorme y cada vez más infructuosa burocracia que alberga a miles de activistas y seguidores de los partidos en el poder.
El otro pensamiento no menos paradigmático es el que se refiere a la economía, específicamente de los mercados privados, es decir, al empresariado que genera la riqueza y los recursos que el Estado requiere para llevar a cabo su cada vez más disminuida misión social. El sector privado, como sabemos, es el que absorbe la llamada fuerza de trabajo o la Población Económicamente Activa, o PEA, como se le conoce en demografía. Por antonomasia, es el generador de la riqueza y del empleo.
Sin embargo, cuando algunos países caen en la pobreza galopante y en la deficiencia de los indicadores económicos y sociales, es porque el Estado ha dejado de hacer su trabajo, y la empresa privada, también. Cuando el crecimiento económico es muy limitado, la captación de recursos vía tributos impide – en el caso que se trate de un gobierno de probos -, que el Estado pueda llevar a cabo su verdadera misión social que es, vigorizar la justicia, afianzar la seguridad ciudadana y promover los mercados privados a través de sus agentes consulares. Estimular la generación de la riqueza para redistribuirla equitativamente, dicta la lógica.
Pero las cosas pueden agarrar otro rumbo: el de la corrupción. Cuando un sector empresarial se acostumbra a operar en mercados protegidos, el conformismo le impide ir más allá de sus posibilidades: los límites al crecimiento provocan competencia desleal, desempleo, desigualdad, pobreza. El capitalismo de compadres, que los académicos confunden con la verdadera economía de mercado libre, es el propulsor del estancamiento económico y la causa primordial de la injusticia social.
El papel del sector privado es competir en buena lid y crecer, pese a los vaivenes del mercado. Al diversificar la oferta de bienes y servicios, las posibilidades de empleo y de satisfacción de necesidades sociales se amplían de manera exponencial. Por eso los liberales hablan de una mejor distribución de los recursos de lo privado sobre lo público, porque un ingreso digno permite acceder a la oferta de bienes y servicios de calidad.
Cuando las crisis vienen para quedarse es cuando los líderes populistas aprovechan para mostrarse como los salvadores de los desdichados, a la vez que la emprenden contra aquellos a quienes por décadas han vacunado contra la desafiante competencia de los mercados internacionales. Es cuando hace su aparecimiento el aborrecible intervencionismo, las expropiaciones, nacionalizaciones y las empresas estatales, y los políticos puedan escribir la segunda temporada de la pobreza y el atraso.
