Del respeto, investiduras y la Constitución de la República

Oscar Estrada

Puede ser el deterioro del debate político luego de la incursión de las RRSS o la polarización que heredó el neoliberalismo del siglo XX; ese sentido de revancha o causa proletaria con que se arropan los eruditos de una revolución anacrónica, o la falta de comprensión del efecto que generan las acciones desde el poder, pero nunca habíamos visto tantos funcionarios tan dispuestos a irrespetar a la ciudadanía como ahora. Y si fuera solo un funcionario, uno podría entenderlo como un caso de necesidad: alguien excéntrico que la administraciónn nombró por cualidades excepcionales. Pero la lista de los malcriados es larga, y cuando vemos que esos exabruptos son amplificados y celebrados por los canales “oficiales”, no queda sino comprenderlo como política de Estado. Tampoco es tan original, la verdad: Duterte, Trump, Bolsonaro o Miley (y sus séquitos) actúan de igual forma: insultando a detractores, opositores y periodistas. Maduro, Ortega y Correa, en el otro extremo, comparten ese comportamiento. Algo en común tienen, pues el resultado final siempre es la destrucción de las instituciones, creando un cascarón vacío donde antes existía un Estado.

Nos cansamos de decirles que cuando actúan con irrespeto (contra quien sea) no es a ese ciudadano al que están enfrentando; las palabras podrán ir a Pedro o a Juan, pero es a la investidura que cargan como funcionarios la que degradan. Y con eso nos pone en peligro a todos. Por un oído les entra y por el otro les sale, decían las abuelas. Cuando un funcionario toma su juramento de ley ante la Constitución de la República recibe en ese acto el compromiso de respetar la ley y a los ciudadanos como constituyentes de ese poder. No es un Estado abstracto, somos todos ese Estado. Ese cargo que hoy ostentan no es un cheque en blanco para hacer lo que le dé la gana; es un privilegio que pocos tienen, del que tarde o temprano tendrán también que dar cuentas.

La investidura de un funcionario público representa no solo la autoridad conferida por su posición sino también una responsabilidad moral y ética. Esta investidura es un símbolo sagrado de la confianza depositada por la ciudadanía en la presidenta Xiomara Castro, quien fue electa para que liderara un gobierno eligiendo a los mejores. La democracia se apoya en esa confianza. El respeto a la investidura implica reconocer el peso de esta responsabilidad y actuar de manera que la honre.

La Constitución de la República, que todo funcionario está obligado a respetar, dice en su Artículo 60: “Todos los hombres nacen libres e iguales en derechos. En Honduras no hay clases privilegiadas. Todos los hondureños son iguales ante la ley. Se declara punible toda discriminación por motivo de sexo, raza, clase y cualquier otra lesiva a la dignidad humana.” Los insultos públicos y constantes lesionan la dignidad de los individuos y, por tanto, son discriminatorios y violatorios de este principio constitucional.

De igual manera, el Artículo 59 establece que “La persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado. Todos tienen la obligación de respetarla y protegerla.” Al insultarnos, la prensa o los opositores, el funcionario viola este mandato, ya que no respeta ni protege la dignidad humana, sino que la socava. Y el Artículo 68 dice: “Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral.” La Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) en su Artículo 1 expresa: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos.” Los insultos y el irrespeto violan la dignidad de las personas. Y, para finalizar, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) en su Artículo 17 señala: “Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación.” Los insultos públicos constituyen ataques a la honra y la reputación de las personas.

La degradación del respeto por parte de funcionarios públicos no solo erosiona la dignidad individual de los ciudadanos, sino que también socava la estructura misma de la democracia hondureña. Cada insulto y exabrupto no es simplemente una ofensa personal, sino una afrenta a la investidura que representa la autoridad moral y ética conferida por el pueblo. Al no saber honrar este compromiso, los funcionarios traicionan la confianza depositada en ellos, poniendo en peligro la integridad de las instituciones y favoreciendo una tierra baldía donde solo la autocracia y el odio prosperan.